Las víctimas de abusos reclaman al Vaticano una política de tolerancia cero
Supervivientes de abusos y miembros de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores avanzan en una nueva etapa de trabajo conjunto tras reunirse con el Papa León XIV.
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La organización Ending Clergy Abuse (ECA) se reunió en Roma los días 15 y 16 de junio de 2026 con responsables de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores para fortalecer la colaboración entre el Vaticano y los supervivientes de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes. El encuentro se celebró en el Palazzo Maffei, apenas unos meses después de que el Papa León XIV recibiera a representantes de las víctimas, lo que marcó el inicio de un nuevo canal de comunicación entre ambas partes.
Matthias Katsch, integrante del consejo directivo de ECA, valoró como un «signo de confianza» la apertura demostrada por el Pontífice para dialogar con representantes de los afectados. Explicó que históricamente las relaciones entre los grupos de supervivientes y la Santa Sede han estado tensionadas, aunque subrayó que el reciente encuentro constituye un avance relevante. «Hemos dado un paso adelante», manifestó.
Sin la participación directa del Papa, la reunión permitió formalizar la relación de trabajo entre ECA y la comisión vaticana responsable de impulsar políticas de protección en la Iglesia. Katsch describió los diálogos como «muy positivos» e indicó que se trataron asuntos vinculados a las responsabilidades que corresponden a toda la Curia en materia de protección de menores.
Los representantes de ECA solicitaron a la Iglesia Católica la adopción de criterios análogos a los aplicados en Estados Unidos respecto a los casos de abusos sexuales. Entre sus demandas destaca la implementación de una política de tolerancia cero que conlleve la retirada permanente del ministerio de cualquier sacerdote que haya reconocido abusos o haya sido condenado por tales delitos.
¿Nos ayudas? ¿un café?Katsch precisó que esta medida no implica la expulsión de la Iglesia ni la pérdida necesaria del sacerdocio, sino la prohibición de que continúe desempeñando funciones ministeriales. La propuesta se inspira en la Carta para la Protección de Niños y Jóvenes que los obispos estadounidenses aprobaron en 2002 tras la crisis desencadenada por los escándalos de abusos revelados en Boston.
El arzobispo Thibault Verny, presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, subrayó durante las conversaciones la necesidad de escuchar activamente a las víctimas y de convertir esa escucha en medidas tangibles. Según afirmó, únicamente de este modo podrá preservarse la credibilidad de los esfuerzos de prevención y protección.
La Pontificia Comisión para la Protección de Menores reafirmó su compromiso de mantener el diálogo con ECA. Ambas instituciones prevén proseguir colaborando en la evaluación de las medidas que la Iglesia ha puesto en marcha para prevenir abusos y mejorar su respuesta institucional ante las denuncias.
La sesión plenaria programada para septiembre examinará el alcance de las políticas de prevención vigentes con la intención de reconocer avances e identificar carencias. Los representantes de los supervivientes consideran que aún subsisten aspectos que demandan reformas más ambiciosas.
ECA ha planteado también la creación de un organismo independiente dotado de capacidad investigadora, facultad para formular recomendaciones y mecanismos que aseguren mayor transparencia en la tramitación de los casos.
Katsch señaló igualmente que la limitación de recursos en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe obstaculiza la conclusión de numerosos procedimientos. A su entender, la plantilla de fiscales encargados de revisar los casos resulta insuficiente ante el volumen de denuncias que llegan desde distintas regiones del mundo.
La coordinación con las autoridades civiles fue otro de los temas tratados. Katsch defendió la relevancia de comunicar a los tribunales ordinarios los casos que se presenten, aunque reconoció que la ejecución de esta medida puede verse limitada por las disparidades entre los ordenamientos jurídicos de cada país.
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