El décimo aniversario del programa MAID reabre el debate sobre sus consecuencias éticas, sociales y legales.
Canadá cumple en junio de 2026 el décimo aniversario de la plena implementación de su programa de suicidio asistido, conocido como MAID, con más de 100.000 muertes registradas desde su inicio y con un intenso debate abierto sobre sus implicaciones éticas y sociales.
Último boletín
El programa MAID, siglas de Muerte Asistida por Médico, se ha convertido en una de las principales causas de fallecimiento en el país. Su evolución ha suscitado críticas de organizaciones contrarias a la eutanasia y advertencias sobre el alcance de una práctica que ha crecido de forma sostenida desde 2016.
Alex Schadenberg, director ejecutivo de la Coalición para la Prevención de la Eutanásia, afirmó que el impacto del modelo canadiense se extiende más allá de sus fronteras. “La única cosa buena sobre el Canadá es el efecto que el Canadá está teniendo en otros países”, declaró.
Varios parlamentos nacionales han rechazado en los últimos años medidas relacionadas con el suicidio asistido, según señaló Schadenberg. A su juicio, la experiencia canadiense ha contribuido a que otros países se muestren cada vez más reacios a aprobar legislaciones similares.
Los datos oficiales indican que entre 2019 y 2022 el número de suicidios asistidos creció a una tasa anual aproximada del 30%. Aunque ese ritmo descendió en años posteriores, 16.499 canadienses recurrieron al suicidio asistido en 2024.
El Gobierno canadiense ha señalado que la “gran mayoría” de esas muertes se produjeron en personas con una “muerte razonablemente predecible”. Sin embargo, un 4,5% de los casos registrados no cumplió ese criterio.
La Suprema Corte de Canadá abrió el camino a la legalización del programa en febrero de 2015, al considerar ilegal la prohibición del suicidio asistido. Desde su plena implementación el 16 de junio de 2016, el número de procedimientos aumentó de forma exponencial hasta alcanzar oficialmente los 100.000 en abril de 2026.
David Cooke, gerente de campañas de Campaign Life Coalition, calificó este aniversario como “un aniversario para lamentar”. También afirmó que “con diez años de homicidio médico legalizado, el Canadá tiene el sangre de más de 100.000 víctimas en sus manos”.
Campaign Life Coalition sostiene que el programa, presentado como una respuesta al “sufrimiento humano”, ha generado un sufrimiento considerable en la sociedad canadiense y en las familias de las víctimas. Cooke añadió que “Incluso las propias víctimas sufren —por ser sometidas al abandono médico y social, al prejuicio, por haber sido negadas el acceso oportuno a tratamiento y apoyo que afirme la vida”.
Los defensores del MAID sostienen que el sistema incluye mecanismos de seguridad, como la exigencia de que los pacientes sean mayores de 18 años y padezcan una “condición médica grave e irremediable”. Sus críticos, en cambio, advierten de fallas y abusos que permitirían el acceso al suicidio asistido a personas no cualificadas.
La Asociación de Libertades Civiles de Columbia Británica advirtió en 2024 sobre la necesidad de más salvaguardias en el programa. Esa advertencia se suma a las preocupaciones por la aplicación práctica de la muerte asistida y por los controles existentes.
Las enfermedades mentales figuran entre los puntos más discutidos del debate canadiense. La posible extensión del suicidio asistido a personas que padecen exclusivamente estas enfermedades ha sido pospuesta para el próximo año.
Cardus Health ha señalado que las tasas de mortalidad entre pacientes con problemas de salud mental son desproporcionadamente altas. Un informe de 2024 reveló que desde 2018 se identificaron aproximadamente 400 “problemas de conformidad” con las leyes de muerte asistida en Ontario sin que se hayan tomado medidas legales al respecto.
La Conferencia Canadiense de Obispos Católicos ha pedido al gobierno que prohíba el acceso al MAID a quienes tengan como única condición una enfermedad mental. La petición se enmarca en el rechazo eclesial a una ampliación del programa hacia situaciones de especial vulnerabilidad.
Claire Brosseau, actriz canadiense con enfermedad mental crónica, fue citada por Schadenberg como uno de los casos que reflejan su preocupación. Según explicó, las leyes actuales discriminan a personas como ella.
Cooke advirtió de que permitir el suicidio asistido a personas con enfermedades mentales podría abrir la puerta a la eutanasia para quienes sufren depresión, adicciones y otros trastornos que afectan a su juicio. “Ofrecer eutanásia a quienes no están en su juicio perfecto es un horror que remite al programa nazi T4”, afirmó.
Alberta ha planteado propuestas de salvaguardias destinadas a proteger a los ciudadanos menores de edad y a quienes padecen enfermedades mentales. Schadenberg consideró, sin embargo, que esas medidas son “restricciones menores”.
Escocia fue citada por Schadenberg como ejemplo de un rechazo reciente a un proyecto de ley sobre suicidio asistido. Pese a la alta aceptación de esta práctica en Canadá, el activista ha observado una resistencia creciente en otros países.
Otras provincias deberían desarrollar sus propias salvaguardias, según defendió Cooke. También pidió aumentar la conciencia sobre los “horrores de la eutanásia” mediante campañas de lobby y manifestaciones públicas.
La lucha contra la eutanásia en Canadá constituye, para Schadenberg, una “situación de largo plazo” que exige un compromiso continuo. Su planteamiento insiste en la necesidad de acompañar a quienes atraviesan enfermedades y situaciones de sufrimiento.
Schadenberg concluyó que “La mayoría de las personas mueren por eutanásia no porque estén sintiendo dolores extremos... Generalmente es porque sienten que sus vidas no tienen sentido, propósito o valor”. Por ello subrayó la importancia de ofrecer apoyo y de asegurar que estas personas no se sientan solas en su sufrimiento.
Participa en la conversación con respeto. Tu comentario se publicará automáticamente, aunque podrá ser retirado por la redacción.

Comentarios (0)